En los últimos dos años, la violencia, los desalojos y la impunidad han golpeado con fuerza a quienes defienden la tierra y el ambiente.

Solo entre 2023 y septiembre de 2025, el Cespad - Centro de Estudio para la Democracia registró 48 desalojos (43 ejecutados y 5 suspendidos), afectando a más de 9,000 familias campesinas e indígenas en Colón, Yoro, Atlántida, Cortés y La Paz. Según su boletín N 05-2025 publicado el 7 de octubre de 2025. 

En Honduras 35 defensores han sido asesinados desde 2022, según el CONADEH.El 79% de los crímenes se concentran en el norte y caribe hondureño, donde los territorios siguen siendo amenazados por proyectos extractivos y falta de protección estatal.

Mientras tanto, el gobierno continúa criminalizando la protesta social y documentando manifestaciones como si fueran delitos, mientras las comunidades siguen siendo desplazadas y silenciadas.

Desde la Red Hondureña por Escazú seguimos exigiendo que Honduras firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, una herramienta clave para garantizar justicia ambiental, proteger a quienes defienden la vida y asegurar el acceso a información y participación ciudadana.

Y todo esto ocurre en plena coyuntura electoral, en un país donde no hay consensos sobre el sistema de transmisión de resultados (TREP), persisten riesgos de violencia política y, lo más grave, ningún partido político ha incluido la justicia ambiental en su agenda como prioridad.

En medio de este caos electoral, se vuelve aún más evidente lo mucho que nos falta avanzar en justicia ambiental: garantizar el derecho a un ambiente sano, proteger a quienes defienden la vida y asegurar que las comunidades tengan voz en las decisiones que afectan sus territorios.

Por eso te invitamos a acompañarnos en esta conferencia de prensa, donde presentaremos la situación actual de la conflictividad socio ambiental y reafirmaremos nuestra exigencia:

¡Honduras necesita Escazú ahora más que nunca!